La Asociación de Internautas (AI) ha anunciado que elevará un memorándum al presidente del Gobierno, José María Aznar, en el que fundamentarán la «necesidad del cese inmediato» del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, junto con «todo su equipo», al considerarles «responsables» de iniciativas y omisiones «contrarias a los intereses de los internautas» y «enemigas» del desarrollo de la Sociedad de la Información
En un comunicado, la AI sostiene que el código ético de comercio electrónico puesto en marcha en noviembre y que contó con el «auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología» no contó en su elaboración con la participación de organizaciones de usuarios y consumidores, lo que no sólo «va en contra» de la directiva sobre ‘e-commerce’ y el «espíritu de autorregulación de Internet» sino de la propia Ley de Servicios de la Sociedad de la Información de y de Comercio Electrónico (LSSI).
En este sentido, la AI recordó que en el articulado de la LSSI referido a lo que afecta a autorregulación se establece que «en la elaboración de los códigos de conducta habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afectan a sus respectivos intereses».
A ello se suma, en opinión de esta asociación de internautas, la respuesta parlamentaria del Gobierno sobre la implantación del Código Ético de Comercio Electrónico y de Publicidad Interactiva formulada por el diputado de la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta.
En ella el Ejecutivo alega haber «consultado» al Instituto Nacional de Consumo que considera ejerce las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, y que se estima que quedan «salvaguardados» con este código. Con ello, la AI interpreta que desde el Gobierno se pretende que «pueda ser sustituida la participación de consumidores y usuarios en la elaboración por la simple consulta al Instituto Nacional de Consumo».
Al tiempo, criticó que desde el Ejecutivo se «autoricen rebajas en las tarifas» –en referencia a la anunciada reducción del diez por ciento en la tarifa del ADSL aprobada por el Gobierno a finales del pasado año– impulsadas desde Comisiones Interministeriales, para que su aplicación «quede a libre criterio» de quienes «teóricamente» van a obtener menos ingresos si deciden aplicarlas. La AI aludía así a Telefónica que, una vez aprobada por el Ejecutivo la citada reducción del precio tarifario, tiene potestad para aplicarlo o no, bien en su totalidad o en parte, si bien desde el operador dominante se indicó recientemente que tal rebaja no se aplicaría en principio.
IBLNews
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