La ‘ley de Internet’ establece que sólo un juez puede cerrar una página ‘web’

LA NORMA, QUE NO AFECTA A LOS «SITIOS» PERSONALES, IRA EL VIERNES AL CONSEJO DE MINISTROS

El texto ya ha recibido el visto bueno de 66 instituciones y 12 ministerios

En el momento en el que esa ley entre en vigor, durky.com tendrá que cerrar sus puertas y(o convertirse en un sitio web ilegal, eso sí, con la cabeza muy alta.

Ha sido necesario un año y medio de polémica, 25 textos diferentes, y la colaboración de hasta 12 ministerios para que la primera ley de Internet que habrá en España vea la luz. Una Ley a la que ha tenido acceso EL MUNDO que irá al Consejo de Ministros este viernes, y que según los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nace con la pretension de establecer «un marco jurídico adecuado» para el desarrollo de la Sociedad de la Información a través de Intenet, «que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio». Es decir, regular el ciberespacio.

Los tres puntos más conflictivos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico son los siguientes.

¿A quién afecta? Según el texto de la ley, la normativa sólo afectará a las personas que realicen una actividad económica a través de Internet o de otras redes telemáticas. «Son servicios de la Sociedad de la Información todo servicio prestado a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario». Ahí se incluyen actividades como el suministro de información mediante la Red, el vídeo bajo demanda, el alojamiento de datos, o la compra o venta de servicios por Internet. La ley entiende que existe actividad económica cuando el titular de una página web obtiene ingresos.

¿Quién puede cerrar un «web»? Otro de los puntos que había levantado polémica era la posibilidad de que una autoridad administrativa tuviera la potestad de cerrar un web sin autorización judicial previa. Pero el texto final no recoge esta posibilidad, y especifica que «las autoridades seguirán ejerciendo las competencias que ya tuvieran atribuidas en virtud de las leyes vigentes.

Sólo los órganos jurisdiccionales podrán ejecutar las decisiones, de acuerdo con las garantías previstas en la Constitución».

¿Registro previo? La ley sólo establece la obligatoriedad de un registro previo para ejercer una actividad en Internet si la empresa ya se encontrara en un registro para adquirir personalidad jurídica. Una medida que sólo pretende «mejorar la confianza en el desarrollo del comercio electrónico seguro, evitando fraudes derivados de la suplantación de personalidad o utilización ilegítima de nombres de dominio».

La Ley llega pese a la oposición de muchos de los sectores de Internet asociaciones de internautas y de defensa de los ciberderechos que han criticado hasta la saciedad los borradores. Unas críticas que, sin embargo, no han valido para que 66 instituciones, empresas del sector y organizaciones de todo tipo, así como el CGPJ y el Consejo de Estado, hayan dado el visto bueno a la normativa.De aprobarse, España será el cuarto país detrás de Luxemburgo, Austria y Alemania que cumple con la normativa del Parlamento Europeo que exige a los estados regular el comercio electrónico.

Y no sólo eso. Borja Adsuara, director general para la Sociedad de la Información, ha querido ir un poco más allá, y asegura que esta ley no es sino la «primera ley de Intenet», que, acompañada de la 2ª Ley de Firma Electrónica y del decreto que regulará el plan de dominios .es, han de conformar «el marco jurídico que garantice la seguridad y la confianza de los consumidores en Internet».


Internautas en pie de guerra

La ley de Internet no ha sido bien acogida desde sus primeros pasos por parte de la comunidad internauta. Mientras los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología han hecho lo posible porque el farragoso texto llegara de una manera clara y sencilla a los internautas, algunos colectivos han llevado a la Red duras campañas en las que denunciaban que la ley traería la censura previa a España.

En las últimas semanas, la polémica ha estado más viva que de costumbre, por la filtración en Internet de algunos de los borradores de la ley que habían sido enviados a organismos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado para su aprobación.

Carlos Sánchez Almeida, un abogado experto en delitos relacionados con Internet, ha declarado que si se aprueba esta ley, pondrá en marcha todas las vías jurídicas para posibles recursos judiciales, incluso de amparo ante el Constitucional.

En el web Makypress alegan en contra de la ley el «oscurantismo» de los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología, «que se había comprometido en poner en la Red los borradores para que los internautas enviaran sus aportaciones y no lo ha hecho».

El Mundo

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