El sector español de las nuevas tecnologías, incluyendo a las de telefonía, no ha encajado muy bien la última propuesta de la Unión Europea: obligar a que las empresas de este ramo guarden los números, las direcciones de las llamadas desde los móviles y los fijos, y los e-mails enviados y recibidos por ciudadanos europeos durante un periodo no inferior a un año.
La Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) considera que las PYMES no podrán soportar los elevados costes añadidos que implica el cumplimiento de este control de los usuarios.
Según estudios de ANEI, una compañía española de Internet maneja un tráfico anual de entre 260 y 300 terabytes (un tera son 1.024 gigabytes, o lo que es lo mismo: 16 días, 19 horas y 12 minutos de películas continuas en formato DVD). El tráfico anual en todo el país asciende a unos 30.000 teras.
Teniendo en cuenta estos cálculos, y considerando que la UE sólo pretende obligar a almacenar un porcentaje de los teras que maneje cada país, «las empresas deberían invertir unos 400.000 euros por terabyte almacenado/año», sostiene ANEI. Si además de conservar las huellas de los navegantes, se exigiera conservar los datos de navegación, la estimación subiría hasta los 700.000 euros por tera acumulado.
Por parte de las compañías telefónicas, el esfuerzo puede ser similar aunque prefieren mantener silencio sobre las inversiones que deberían acometer. «No lo hemos contemplado puesto que la proposición de la UE es una simple hipótesis de trabajo», apuntó una portavoz oficial de Telefónica.
En otros países europeos también han sonado las mismas señales de alarma. «En el caso de que estas empresas se encuentren en situaciones algo comprometidas, estas medidas las llevaría, probablemente, a la bancarrota», señaló Mark Cranwell, abogado experto en derecho tecnológico de un conocido bufete londinense.
Inspiración española
La idea de controlar los rastros de los mensajes y de las llamadas telefónicas de todos los europeos la está abanderando Dinamarca, que ostenta la presidencia de la Unión hasta finales de año, pero su origen arranca de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado este año en Sevilla.
Además, en este país llueve sobre mojado. El Gobierno español aprobó el pasado 11 de julio la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).Su artículo 12 recoge el «deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas». La diferencia con respecto a Bruselas es que aquí no se habla de las llamadas telefónicas y, además, se puntualiza que sólo jueces y fiscales serán quienes puedan consultar los datos almacenados.
El mastodóntico almacenaje de datos está justificado, según Bruselas, por la imperiosa necesidad de luchar contra el terrorismo, la pedofilia, el racismo, el tráfico de seres humanos, el blanqueo de dinero, el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y todo tipo de delincuencia organizada.
Aún así, a los empresarios de Internet no se les agotan las ideas.En reuniones celebradas con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el sector ha pedido medidas compensatorias para afrontar el sobresfuerzo.
Rebajar el tipo del IVA (un 16%) podría ser una buena alternativa.Ahora mismo, se dan situaciones paradójicas como que al adquirir un libro en la Red se paga un tipo impositivo superior al requerido en una librería. También aceptarían de buen grado una «desgravación en el impuesto de sociedades».
Otra oferta del sector es la de cobrar por convertirse en colaboradores de la Administración. Los operadores digitales piden que cuando llegue un requerimiento de información, sean empleados de la propia compañía quienes, convirtiéndose en peritos, extraigan, almacenen y procesen los datos. De este modo, podrían facturarle estos servicios al Gobierno. ¡Quién sabe, quizá estamos a las puertas de un nuevo cibernegocio!
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