El Tribunal Supremo ha anulado el decreto que permitió nombrar a Borja Adsuara director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El decreto fue recurrido por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Libertad Digital El decreto del Gobierno de 2 de junio de 2000 que permitió el nombramiento de Adsuara es «disconforme» al ordenamiento jurídico, según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. La Asociación consideraba que no había «razones válidas» que justificasen el nombramiento de alguien que no es funcionario, según informa Abc. La legislación española establece que las direcciones generales de los ministerios deben ser funcionarios, si bien permite que el Gobierno nombre a personas que no ostenten dicha condición si las causas están justificadas y argumentadas.
El Ejecutivo defendía que las características de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, una de las cuatro del Ministerio de Anna Birulés y cargo que supone ser el «número 3» del Departamento, «corresponden a ámbitos tecnológicos especialmente avanzados y complejos que no se acomodan a las habituales funciones y perfiles de órganos administrativos de tal naturaleza». La Asociación consideraba que el Gobierno no motivó lo suficiente su decisión y aseguraba que había funcionarios igual o más capacitados para el cargo que el padre de la LSSI.
El Supremo ha dado la razón a la Asociación entre otras cosas porque en un decreto anterior, de mayo de 2000, el Ejecutivo no consideró necesario que ninguna de las direcciones generales de Ciencia y Tecnología «sean sustraídas al régimen ordinario de provisión». El Tribunal añade el Gobierno incurrió en un «déficit de motivación» en su comportamiento «al no incorporar una justificación razonable y suficiente» al decidir nombrar a un no funcionario.
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